Es verano, y las diez cabras que nutren de leche a la quesería Maín, ubicada en Sotres, en las alturas de los Picos de Europa, pastan en libertad por las vegas monte arriba. Los cabritillos corretean entre mastines de raza leonesa y caucásica, perros fuertes pero ligeros, ideales para vigilar a los animales que se adentran en los numerosos cantiles y desfiladeros que desmenuzan la roca de los Picos. El idílico encanto se romperá al día siguiente, cuando Abel Fernández, el pastor que cuida el rebaño, informe a Jessica López, la dueña de la quesería, de que un cabritillo nacido en primavera ha desaparecido, dejando un rastro de pelaje oscuro. El gesto lacónico de Jessica habla por sí solo mientras toma el móvil para realizar las gestiones pertinentes: la quesera recibe una indemnización de 102 euros por cada cabra que pierde a causa del lobo.
Caperucita roja. Los tres cerditos. Pedro y el lobo. Niños raptados por salir solos de casa. El lobisome. Más allá de los cuentos y leyendas, hoy en día resulta difícil asustar con la mención de una especie cuya presencia en nuestro país se ha visto arrinconada al noroeste de la península, sobre todo en zonas con escasa presencia humana como los Picos de Europa. Pero si ya no es miedo, lo que sí sigue provocando el lobo es división, enfrentamiento y un feroz debate sobre cuál debe ser la manera de convivir con él. En pleno siglo XXI, el lobo sigue muy presente en nuestra psique colectiva.
España lleva el lobo en su ADN. La palabra lobo está presente en más de 4.800 topónimos, muchos lo llevamos en nuestros nombres, pues es la raíz etimológica de apellidos como López u Ochoa, y en euskera da nombre al mes de febrero, Otsaila, el mes de los lobos. Aparte de en el lenguaje, su presencia está atestiguada por las numerosas trampas loberas aún existentes en el norte, como las de El Chorco de los lobos, o Caín de Valdeón (León): cercos de estacas con forma de embudo donde los lobos, empujados desde los bosques, eran atrapados y abatidos por los cazadores.
Estas trampas pasaron a un segundo plano con la popularización de la pólvora a comienzos del siglo XX, iniciándose la aniquilación sistemática, a imitación de la que ya se había producido en los países más industrializados de Europa, de cualquier población lobuna. Una situación que agravó aún más la conocida como Ley de Alimañas franquista de 1953, que lo calificaba como “animal dañino” y bajo la que se estima que perecieron 2.000 lobos tan solo en sus primeros 5 años de aplicación. A mediados del siglo XX, la presencia del lobo en nuestro país se veía reducida a quince manadas en los montes de Zamora, Galicia, y la vertiente astur-leonesa de los Picos de Europa.
El giro de guión que permitió al lobo ibérico esquivar la extinción se produjo en los años 70, cuando tan solo quedaban unos 200 ejemplares en todo el país. Félix Rodríguez de la Fuente y su serie El Hombre y la Tierra lo mostraron como un sofisticado animal social y no como una amenaza, logrando cambiar la percepción de gran parte de una sociedad cada vez más urbana y menos rural. Este cambio de conciencia, que iba en línea con el que se estaba produciendo a nivel internacional, se vio reflejado legislativamente con la inclusión de la especie en la Ley de Caza de 1970, por la que se regulaban los métodos de caza, las vedas y las sanciones. Desde comienzos del presente siglo, las Comunidades han ido desarrollando sus respectivos Planes de Gestión del Lobo, que permitían aplicar un control poblacional (es decir, cazar un número de individuos que no ponga en riesgo la supervivencia de la manada) en base a los censos de población y las notificaciones de ataques al ganado de cada región.
Pero estos planes quedaron anulados en la práctica el 21 de septiembre pasado con la Orden TED/980/2021 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esta incluye en el listado Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) a todas las poblaciones de Canis lupus, no solo a las existentes al sur del Duero como ocurría hasta ahora. De esta manera, el lobo pierde su condición de especie cinegética y queda prohibida su caza en el conjunto del Estado.
La Orden Ministerial nace a partir de una petición administrativa reglada de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL), que solicitaba que se incluyese a todas las poblaciones del lobo en la categoría de “vulnerable” del Catálogo Español de Especies Amenazadas (donde gozaría de políticas de conservación proactivas) o, en su defecto, en el LESPRE. Esto último es lo que finalmente recomendó el Comité Científico de Flora y Fauna dependiente del Ministerio, y lo que aprobó la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en la que participan los directores generales de las comunidades autónomas, en una reñida votación en la que hubo 9 votos a favor y 8 en contra.
Nada más conocerse el resultado de la votación, los gobiernos autonómicos de Asturias (gobernada por el PSOE), Cantabria (Partido Regionalista Cántabro), Castilla y León (PP y Ciudadanos) y Galicia (PP), regiones donde habita el 95% de la especie, dejaron a un lado sus diferencias políticas y rechazaron la medida, alegando la defensa del sector primario, y amenazan con acudir a los tribunales por lo que entienden que es una “invasión de competencias exclusivas que impide la gestión de la conservación y la población”. La diferencia de posiciones es tal que hasta dentro de un mismo Gobierno, como es el de Aragón, el presidente Javier Lambán (PSOE), desautorizó el voto positivo de la dirección general del Medio Natural de su comunidad, gestionada por Podemos. El propio Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, declaró no estar de acuerdo con la medida. “Comparto la preocupación de los ganaderos y como ministro suyo, estoy a su lado”.
Las cuatro comunidades del noroeste argumentan que el lobo está en recuperación y no es necesario protegerlo más. Según los censos efectuados por las regiones hasta el 2018, el número de sus manadas ha llegado a doblarse respecto a las registradas en la primera década del presente siglo. Por ejemplo, en Castilla y León, la comunidad que reúne a la mayor población, los 1.100 ejemplares censados en 1986 han crecido hasta los 1.600 registrados en 2013. Un crecimiento que los ganaderos relacionan directamente con una mayor incidencia de ataques al ganado: en Galicia, los avisos de ganaderos por ataques al ganado han pasado de 691 (2010) a 1.303 (2020), una tendencia ascendente común a las otras regiones.
Mario Sáenz de Buruaga, director científico del censo del lobo en Castilla y León, Cantabria, La Rioja y País Vasco, estimaba en una entrevista a La Gaceta de Salamanca un aumento de las manadas en torno a un 18% en los últimos 15 años, y opinaba que el lobo se encuentra muy lejos de estar en peligro de extinción: “Mal puede defenderse que la caza supone ahora una amenaza para los lobos cuando el incremento aludido donde más se observa es en Castilla y León, donde es especie cinegética al norte del Duero”.
Pero estas cifras que manejan las comunidades del noroeste no cuentan con un respaldo único de la comunidad científica. Ángel Manuel Sánchez, profesor honorífico del departamento de Ciencias de la Vida de la Universidad de Alcalá de Henares y director del programa Voluntariado Nacional para el Censo del Lobo Ibérico, surgido en 2016 como alternativa a los recuentos oficiales, afirma que los datos de los últimos censos están “sobredimensionados”. “Los datos sobre la cantidad de lobos por manada, que nosotros valoramos entre 3 y 5 ejemplares, están basados en nuestras observaciones con cámaras de fototrampeo [y] son más cercanas a las establecidas por el censo del ICONA allá por 1988. Por eso no podemos estar más en desacuerdo con los 8-10 ejemplares que plantea el censo de Mario Saénz de Buruaga”. Un desajuste que de ser cierto reduciría a la mitad el número real de ejemplares frente al estimado por las administraciones.
En términos similares se expresa Ignacio Martínez Fernández, presidente de ASCEL, la organización impulsora de la orden ministerial. En declaraciones a SALVAJE, critica que “los censos deben hacerse de poblaciones, bajo unos criterios rigurosos y empleando tiempo y dinero, y los dos únicos censos que se han realizado con esas condiciones en nuestro país están separados 26 años en el tiempo, y ambos dan el mismo número de grupos. ¿Eso es una mejoría? El lobo no ha mejorado, el lobo sigue estando igual de mal porque los Planes de Gestión impiden su desarrollo”. Martínez también cuestiona el ámbito regional de los censos que realizan las Comunidades, pues “no tiene sentido hacer un censo sobre una parte de la población, porque pueden estar contando varias veces las mismas manadas según entran y salen de sus límites administrativos. Ni siquiera un censo nacional es perfecto, ya que habría que hacerlo junto a Portugal, para medir todas las poblaciones de la Península”.
Para Javier Talegón, biólogo que ha participado en diferentes proyectos de diagnósticos de las poblaciones del lobo, “si comparáramos con un puzle la situación demográfica de nuestros lobos entre 1988 y la actualidad, tendríamos las mismas piezas, pero movidas de posición. Es cierto que desde los últimos 20 años los lobos han colonizado de forma natural territorios de Ávila y Madrid, pero también han desaparecido en la Sierra de San Pedro, en Sierra Morena y se han rarificado o reducido en los últimos años en Burgos, Valladolid o son muy escasos en Salamanca. No debemos ni podemos pensar en aumento poblacional global”. Talegón también opina que “hay que valorar una cuestión que siempre se nos olvida para interpretar las tendencias de los lobos en Iberia, y es su presencia histórica: los lobos ocupaban toda la península a finales del siglo XIX y actualmente, se distribuyen en tan solo en unos de 150.000 km2.
Sobre la extensión que ocupa el lobo también incide Ignacio Martínez de ASCEL. “A los Pirineos están llegando lobos italianos, y sin embargo no están llegando lobos del noroeste español. Esta realidad, la de que la población es tan pequeña que no puede expandirse, no se corresponde con lo que se pregona desde las Comunidades”. Por ello, para ASCEL la Orden Ministerial se queda corta y van a seguir trabajando para que el Canis lupus se incluya en el Catálogo Español de Especies Amenazadas y de esta manera su conservación sea objeto de medidas proactivas. “El lobo es nuestro superdepredador, nunca va a haber sobrepoblación. En un grupo solo reproduce una pareja, y el resto se inhibe. Ahora mismo su viabilidad está cuestionada por problemas de diversidad genética, y por eso necesitamos que se expanda”.
Marta García, propietaria de la Ganadería Val de Mazo y diputada por Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria, tiene clara su vocación: “Es un oficio tan duro como satisfactorio”, nos dice, “pero cada vez que se ataca a nuestros animales se produce un atentado contra nuestra libertad de poder trabajar dignamente y libremente”. Tanto García en Soba como Abel Fernández y Jessica López en Sotres acaban sus jornadas sin saber qué encontrarán en el monte al día siguiente. Sus ganados pasan la noche protegidos por mastines y, en el caso de Abel, su propio cayado.
Marta y Abel creen que los mastines, aunque efectivos, no son suficientes: “necesitaría diez perros para proteger eficazmente un solo rebaño. Y me cuesta lo mismo alimentar a diez mastines que asumir que, a lo largo del año, voy a perder cinco cabras por ataques de llobu”, reconoce, taciturno, Abel Fernández. A lo que Jessica añade “y entonces, el monte estaría lleno de perros, y los turistas no pasearían tan tranquilos”. Marta García resume su posición: “no queremos la extinción del lobo ibérico. Queremos garantizar la conservación de la especie a través de los Planes de Gestión: lobo sí, pero con una población controlada”.
Las grandes agrupaciones agrarias sostienen una postura similar, y vinculan la posibilidad de matar lobos con la supervivencia de la ganadería y el propio medio rural. Según Joaquín Antonio Pino, el presidente de ASAJA en Ávila, “el ministerio vive en otra realidad. Si se quiere luchar contra la despoblación hay que defender al ganadero, así se está expulsando a la poca gente que queda en los pueblos”, declaró a El País.
A pesar de todo, la postura de los ganaderos no es monolítica. Son varios los ganaderos y proyectos que apuestan por una adaptación del hombre al lobo, y no al revés, con la adopción de medidas preventivas como el uso de mastines, cercados y vallas o pastores eléctricos y cambios en el manejo. Según el proyecto Life COEX realizado entre 2004 y 2008, en el que se donaron 75 mastines, 30 vallas eléctricas y 15 cercados fijos en una zona recién recolonizada por el lobo en las provincias de Salamanca, Ávila y Segovia, la aplicación de estos métodos demostró reducciones en el número de cabezas muertas o heridas de un 61% en el caso de los mastines, un 99,9% para las vallas eléctricas y un 100% para los cercados fijos. Una década después, el 92% de los ganaderos se mostraron satisfechos o muy satisfechos con los métodos usados.
Javier Arroyo, ganadero de 33 años que gestiona 50 vacas adultas, 20 terneros y 650 ovejas con la ayuda de cinco mastines en Cortos, en la provincia de Ávila, reconoce que el lobo “por supuesto es un problema para el ganado”, pero también tiene claro que “forma parte del entorno, ha llegado para quedarse y tenemos que vivir con él”. Javier hace uso de localizadores GPS, agrupa los partos en una misma época para que las madres defiendan a las crías juntas, y ha instalado pastores eléctricos en sus pastos. “Con el lobo, el pastor eléctrico no es muy efectivo porque se puede colar entre los cables, pero así evito que las vacas se desperdiguen, lo que implicaría un mayor peligro, y puedo gestionar los pastos”, aclara en una entrevista para El País. Este ingeniero agrícola cree que la despoblación del medio rural no se puede achacar a los ataques del lobo, porque es un fenómeno que “pasa en cualquier lugar, haya o no lobo”, y defiende que es una especie que “controla los ecosistemas”, porque al cazar jabalíes, cabras y ciervos enfermos corta la expansión de la brucelosis, la sarna o la tuberculosis, que se transmiten al ganado. “Y eso no lo hace la caza”.
Para Ignacio Martínez de ASCEL, “la cuestión de fondo es que si alguien cuida del ganado no hay daños”, y cree que “es obligación del Gobierno de España proteger al lobo, y si con ello se pierden votos, habrá que explicar mejor las cosas”. Según Martínez, se trata de priorizar “lo público sobre lo privado. La protección de la biodiversidad es una prioridad constitucional, como viene reflejado en el artículo 45, cosa que no es la ganadería. Las ayudas de la PAC están condicionadas a la conservación de la biodiversidad, por lo que quien quiera cobrarlas no puede estar atentando contra estas directivas claves de la UE”.
El director de conservación de WWF, Luis Suárez, calificó de “hecho histórico” la inclusión del lobo en el LESPRE, y espera que con ello “se ponga en valor todos los beneficios que esta especie aporta a los ecosistemas y a la sociedad para primar su conservación y apostar por medidas para la coexistencia”. Estos servicios ecosistémicos a los que se refiere Suárez están recogidos en el documento Lo que el lobo nos da publicado por WWF. Como depredador de la cúspide de la cadena trófica, el lobo es un regulador de ecosistemas, y cuando desaparece se producen desequilibrios y las poblaciones de sus presas crecen descontroladas. Entre los servicios lobunos que el documento cita están la eliminación de otras especies que causan muertes y lesiones a humanos y ganado, como los perros asilvestrados; la fijación de CO2, limitando el número de herbívoros y permitiendo la recuperación forestal; el aumento de la diversidad de carroñeros que se aprovechan de los restos de sus presas; e incluso algunos beneficios directos para los agricultores, como el aumento de la producción agrícola mediante el control de las especies de herbívoros que dañan los cultivos o la ya citada prevención de la expansión de enfermedades para el ganado.
WWF también defiende el potencial económico directo del lobo, por ejemplo para el turismo rural. Para Javier Talegón, que dirige el centro de ecoturismo y educación ambiental Llobu en la Sierra de la Culebra, los números no dan lugar a dudas. “De acuerdo a un estudio del Gobierno de España realizado en 2016 y publicado en 2017, el turismo asociado a la observación directa de esta especie en la Sierra de la Culebra generaba 1,8 millones de euros en la zona y movilizaba a unas 3.100 personas cada año. En el mismo territorio y hasta la prohibición de la caza de esta especie, el aprovechamiento cinegético anual de unos 10 lobos atraía a la zona a unos 10 cazadores que pernoctaban menos de cuatro días en la zona y que generaban, a lo alto y globalmente, menos de 50.000 euros al año. La desproporción era enorme”.
La propia convivencia de ganadería y cánidos puede representar un activo de marketing. Rosa González y Alberto Fernández gestionan la explotación ovina Pastando con lobos, en Sanabria, Zamora, en una comarca lobera por excelencia. “Somos conscientes de que el lobo tiene que estar ahí. Obviamente, para nosotros sería más fácil y barato si no hubiera lobos, pero eso no es negociable, así que decidimos verlo desde el lado bueno y aprovecharlo al máximo”. Así que decidieron hacer de la necesidad virtud, y por eso certifican que sus corderos se han criado en un entorno respetuoso con el lobo gracias a las medidas preventivas que han adoptado, como guardar sus 1.000 ovejas cada noche o estar siempre junto al ganado cuando pastorea. Pastando con lobos cuenta con el respaldo de organizaciones como la propia WWF o GREFA, y creen que “con la ayuda de la Administración para afrontar las medidas de prevención, definitivamente el lobo puede ser un activo para nuestros negocios”.
Sin embargo, quizás estas iniciativas pioneras no sean suficientes para cambiar la percepción de que el lobo tiene un impacto económico negativo en la sociedad y supone un clavo más en el ataúd del sector ganadero. La adopción de medidas preventivas suponen una inversión costosa, y el 55% de los usuarios del proyecto Life COEX anteriormente mencionado reclaman ayudas públicas para poder adoptarlas. A nivel de indemnizaciones, la Junta de Castilla y León abonó 4,6 millones de euros por daños a los ganaderos en el periodo 2015 a 2019, y la Xunta de Galicia 1,7 millones entre 2016 y 2019. A estos costes hay que añadir los beneficios por permisos de caza que se van a dejar de ingresar. Según el responsable zamorano de la Federación Española de Caza, José Antonio Prada, “cazar cada ejemplar de lobo cuesta unos 6.000 euros”, que multiplicada por varios ejemplares representa una cantidad muy importante para los pequeños ayuntamientos de estas comarcas despobladas.
“Yo creo que existen muy pocos ganaderos que estén en contra de la existencia del lobo, pero en este conflicto los posicionamientos y discursos más extremos, los que no reconocen ni respetan a la otra parte, son los más dominantes en las redes y los medios, y hacen que cada vez sean mayores las diferencias”, opina Julio Majadas, de la Fundación Entretantos, responsable del proyecto Grupo Campo Grande, una iniciativa surgida en 2016 que trata de abordar el conflicto socioambiental. El ruido mediático, los intereses electoralistas y la naturaleza polemista de las redes sociales, entre otros factores, hacen que las diferentes posturas alrededor del lobo se encuentren cada vez más enconadas y enfrentadas, lo cual dificulta la búsqueda de soluciones. Tras un primer análisis sobre la percepción social del conflicto, que confirmó que el control de las poblaciones de lobos era uno de los debates que más diferencias genera, decidieron crear el Grupo y abordarlo desde una perspectiva de mediación social.
A través de entrevistas con agentes representativos de los diferentes sectores, como ganaderos, conservacionistas, científicos o académicos, se trabajó acerca los diferentes discursos y tópicos utilizados en el debate, y se definieron los argumentos y las líneas rojas que bloquean los acuerdos. “A través de técnicas de mediación social investigamos si era posible acercar posturas, y de ese trabajo surge la Declaración del Grupo Campo Grande”, un documento de acuerdos sobre la situación del conflicto, sus causas y algunas propuestas para rebajarlo. “El Grupo ha sido un ejemplo clarísimo de personas que llegaban con ideas preconcebidas sobre los argumentos de la otra parte, y desde el diálogo han ido comprendiendo, empatizando y respetando otros posicionamientos”. Para Majadas, si se pretende llegar a acuerdos, deben existir espacios de cesión por parte de todos los sectores que posibiliten llegar a un escenario de futuro compartido.
“Una de las conclusiones a las que se ha llegado en el Grupo es que las medidas preventivas son necesarias, pero también que no siempre son tan eficaces o viables. Por ejemplo, en Asturias, si nos encontramos en un sistema extensivo donde una vaca pasta bajo bosque y en montaña, ¿cómo puedes hacer prevención con mastines? Si estás en un sistema donde por la insolación de verano el ganado no puede pastar de día, ¿tiene sentido encerrar entonces al ganado por la noche?”. El biólogo cree que hay que buscar alternativas para la convivencia e innovar tecnológica y socialmente, pero sobre todo enfocarlo a que la convivencia de la ganadería y el lobo no recaiga sobre el ganadero y le suponga un sobreesfuerzo o tenga un mayor coste. “Si la ganadería extensiva aporta servicios ambientales, y queremos mejorar la convivencia, hay que apostar por otras líneas de trabajo ya que parece que ahora mismo no todas las soluciones de prevención funcionan siempre”.
Otra de las conclusiones del equipo dinamizador del Grupo Campo Grande es la de la necesidad de una mayor transparencia y participación por parte de la Administración. “El que no haya información accesible y procesos más transparentes y participativos agrava el conflicto. Si se está haciendo un Plan de Gestión, es necesario abrirlo a la participación de las personas afectadas y mejorar los aspectos de gobernanza, e introducir en esta planificación a los usuarios del medio, ya sean ganaderos, conservacionistas o asociaciones rurales”.
Mientras iniciativas como el Grupo Campo Grande intentan buscar el entendimiento entre los sectores enfrentados de un debate que la orden ministerial ha azuzado aún más, parece que el conflicto ya no se limita a la convivencia entre humanos y cánidos, sino que se ha extendido al seno de la propia especie humana. Y quizás no es algo que deba sorprendernos. Al fin y al cabo, ya lo decían los romanos, habitantes de una ciudad cuyo fundador fue amamantado por una loba: homo homini lupus. El hombre es un lobo para el hombre.
